Daniel Noboa propone ley para que los gobiernos locales inviertan en obra pública hasta el 70 % de lo que les asigna

El 28 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley considerado urgente en materia económica que propone reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para promover un uso más eficiente de los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador.

La propuesta se centra en establecer una regla fiscal clara y verificable que obligue a los gobiernos locales —municipios, prefecturas y juntas parroquiales— a destinar una proporción mínima de su presupuesto institucional anual codificado a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, servicios públicos y obras públicas.

Bajo esta iniciativa, la meta de inversión será progresiva en el tiempo. Para el primer ejercicio fiscal (2027) la regla sería que los GAD destinen al menos 60 % de su presupuesto a obras e inversión; en 2028, el porcentaje aumentaría a 65 %, y desde 2029 en adelante, se requeriría que esos gobiernos locales asignen 70 % de sus recursos a inversión pública y servicios básicos.

Asimismo, el proyecto contempla un tratamiento diferenciado para los GAD Parroquiales Rurales, con un cronograma más gradual: 50 % en 2027, 55 % en 2028, 65 % en 2029 y 70 % en 2030 y años posteriores.

La iniciativa también modifica el artículo 198.1 del COOTAD, estableciendo que para que los gobiernos locales reciban las asignaciones del Gobierno central —que corresponden a porcentaje de los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado— deben cumplir con la nueva regla de inversión mínima. Si no se alcanza el porcentaje requerido, solo recibirán el mínimo constitucional de transferencias.

Para garantizar transparencia y control, el proyecto define qué gastos se pueden computar como inversión, incluyendo obras públicas, bienes y servicios directamente relacionados con mantenimiento y reposición de activos públicos, servicios básicos, bienes de larga duración, y otros egresos de capital. Esto permite que exista claridad sobre cómo se mide el cumplimiento de la norma.

En síntesis, la medida busca priorizar la inversión pública en obras y servicios frente al gasto corriente, incentivando a los gobiernos locales a orientar sus recursos hacia infraestructura y mejorando la eficiencia del gasto; y condiciona la entrega de recursos estatales a la ejecución efectiva de inversión local, con plazos de implementación progresivos entre 2027 y 2030.

Fuente: Primicias