Daniel Noboa envía al Registro Oficial la nueva Ley de los GAD y presenta cinco razones para su aprobación

El presidente Daniel Noboa no objetó el contenido de la nueva Ley Orgánica Reformatoria al Cootad y la envió el 21 de febrero de 2026 al Registro Oficial tras su aprobación en la Asamblea Nacional con 77 votos a favor. La normativa, calificada como económica urgente, reforma el artículo 198 del Cootad y obliga a los GAD —como municipios, prefecturas y juntas parroquiales— a destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual a gasto de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes públicos y servicios básicos, como agua potable, alcantarillado y vialidad, reduciendo el uso de recursos en gasto corriente.

La ley también introduce sanciones por incumplimiento: si un GAD no cumple con la regla mínima de inversión, las asignaciones transferidas por el Gobierno central pueden disminuir a los porcentajes constitucionales más bajos (como 15 % de ingresos permanentes en lugar del 21 % habitual), afectando directamente a municipios y prefecturas. Además, exige que los GAD publiquen trimestralmente informes detallados sobre sus gastos y la manera en que cumplen la regla de asignación de recursos.

El documento que respalda la ley expone cinco razones principales que motivan la reforma:

Un desequilibrio estructural en las finanzas locales, con impactos negativos en la sostenibilidad económica a nivel nacional.

En 2024, los GAD invirtieron en promedio menos del 39 % de sus presupuestos en obras y servicios básicos, muy por debajo del objetivo.

Se observó una expansión del gasto corriente, especialmente en masa salarial administrativa, que representó más del 34 % en 2024.

La ejecución presupuestaria en obras públicas osciló entre 35 % y 53 % durante varios años, evidenciando una baja priorización de proyectos de inversión.

Se identificó el uso de recursos en eventos artísticos, recreativos o sociales, con montos significativos que, según el documento, no responden a las prioridades de desarrollo local.

La ley fue aprobada en un proceso legislativo rápido: fue presentada por el Ejecutivo el 28 de enero de 2026, aprobada en segundo debate el 20 de febrero de 2026 y enviada al Registro Oficial cinco días después. Aunque la norma entrará en vigencia progresivamente y contempla un cronograma gradual para alcanzar la regla del 70 % en la asignación de recursos, su aprobación ha generado reacciones encontradas, con autoridades seccionales y movimientos políticos anunciando demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por supuestas vulneraciones a la autonomía descentralizada.

Fuente: Primicias